Uno de los problemas estructurales en las zonas rurales es el bajo nivel de ingresos, lo que empeora cuando se reduce lo que se paga por el jornal diario en los cultivos.
El 74 % de las población económicamente activa de la ruralidad del país labora en el sector agropecuario y minas, sector cuyo nivel de salarios es bajo.
A ello se suma que los puestos de trabajo dependen del ciclo productivo de la tierra, de ahí que son empleos temporales. Además, el costo del jornal por día se redujo de 12 a 10 dólares por trabajar desde las 06:00 hasta las 12:00, un periodo de seis horas, dice Esteban Daza, investigador principal del Observatorio del Cambio Rural.
“En muchos de los casos incluía el desayuno, ahora entiendo que ya no. La mayor parte se dedica a la agricultura, pero hay una falta de acceso a los insumos por parte de algunos productores porque sus costos se incrementaron. El precio de la urea se duplicó y también han bajado los niveles de productividad por efectos del cambio climático”, afirma Daza.
Los bajos ingresos generan vulnerabilidad e impacta los datos de migración interna, ya que hay una movilización de estas personas hacia las zonas urbanas. “Hay una falta de atención del Estado en servicios básicos. Desde el 2014 se ha dejado de invertir en política pública agraria y de servicios sociales, lo que genera un aumento del porcentaje de pobreza, lo que empeora debido a la crisis económica profundizada por la pandemia”.
No hay una política que garantice los precios mínimos de sustentación de la producción, indica Daza.
