Fernando Bastias, coordinador del departamento de Litigio Estratégico e Incidencia del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH Guayaquil), analiza la decisión del presidente Daniel Noboa de derogar la tabla de porte de estupefacientes y sustancias ilícitas, creada por el extinto Consep en 2013 y reformada en 2015 que se instauró durante el régimen de Rafael Correa.
Bastias, quien es abogado y defensor de derechos humanos, afirma que esta es “solo una medida mediática” que debe ir acompañada de una política pública de prevención, actuación y rehabilitación en el país.
No tiene por qué haber una preocupación y no lo debe haber por dos cosas: el artículo 364 de la Constitución expresa un mandato concreto sobre la no criminalización del consumo y señala que el tema de la adicción y el consumo no es un problema para el derecho penal, sino para la salud pública y para combatirlo se necesita política pública.
Lo segundo es la resolución de la Corte en el que se determina que la tabla no es una tabla de consumo, sino una tabla referencial para que la fuerza pública o la administración de justicia tenga ciertos criterios técnicos para diferenciar a un consumidor de un traficante.
