En seis meses de gestión, la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por la asambleísta Pamela Aguirre, de las filas del movimiento Revolución Ciudadana (RC), enfrenta las críticas que surgen desde los mismos integrantes de la mesa y de aquellos legisladores que consideran que su conducción tiene el propósito político de beneficiar al correísmo. Ella perdió la mayoría en la comisión.
La presidenta de la mesa de Fiscalización ha recibido tres quejas en su contra por la forma de dirigir las sesiones, conducta y decisiones inconsultas a los integrantes de la comisión, pero estas no han pasado del Consejo de Administración Legislativa (CAL), presidido por Henry Kronfle.
La última se refiere al pedido de la legisladora Gissella Molina de que se sancione a Aguirre por haber violado procedimientos y permitido la conexión vía online al exlegislador de RC Ronny Aleaga, en una sesión donde la fiscal del Estado, Diana Salazar, comparecía por los casos León de Troya y La Madrina. El CAL archivó la causa.
El trabajo de la Comisión de Fiscalización en este tiempo ha estado enfocado en la fiscalización de la crisis energética manifestada en los cortes de energía y en la evacuación de los juicios políticos.
