La bancada de la Revolución Ciudadana (RC), a través de la legisladora Victoria Desintonio, presentó una queja contra la asambleísta de gobierno, Lucía Jaramillo, por mal uso de las instalaciones de la Asamblea Nacional al anunciar una fiscalización a la empresa privada Copedesa, que se dedica la comercialización de combustibles y que está denunciada por un supuesto delito de comercio irregular de combustibles.
La legisladora de la bancada gobiernista Acción Democrática Nacional (AND) integra, con otros miembros de su bloque, el Frente Parlamentario de Lucha contra el Tráfico de Combustibles, que se conformó para investigar las acusaciones contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.
Jaramillo brindó una rueda de prensa el martes 16 de julio en las instalaciones de la Asamblea Nacional en Quito para describir el trabajo que desarrollará el Frente Parlamentario y señaló que lo harán “en respuesta de que la semana pasada se presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado, donde cuatro empresas, entre ellas, Copedesa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, estarían presuntamente vinculadas con el contrabando de combustible”.
