La orden ejecutiva del presidente Trump sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento establece que se debe negar la ciudadanía automática a los bebés nacidos de muchos residentes temporales en EE.UU., no solo de aquellos que se encuentran en el país de forma ilegal. Esto representa un rechazo significativo a derechos que han sido parte de la Constitución durante más de 150 años.
Si los tribunales no bloquean la orden, los bebés nacidos de mujeres que residen legalmente pero de manera temporal en Estados Unidos, como las estudiantes con visa o las trabajadoras contratadas por empresas de tecnología, no serán reconocidos automáticamente como ciudadanos estadounidenses, a menos que el padre sea residente permanente.
El lunes por la mañana, algunos asesores de Trump habían indicado a los periodistas que la orden se aplicaría únicamente a «los hijos de extranjeros ilegales nacidos en EE.UU.». Sin embargo, el texto de la orden firmada por Trump, titulada «Protegiendo el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense», abarca mucho más.
David Leopold, presidente del departamento de inmigración del bufete de abogados UB Greensfelder, calificó la medida como un «ataque escandaloso contra quienes están aquí legalmente, han cumplido con las reglas y están contribuyendo al país». Se refiere a personas que están realizando investigaciones avanzadas en EE.UU., como científicos e investigadores, o aquellos que vienen a ayudar al país.
La orden fue parte de una serie de acciones que Trump aprobó el lunes para implementar su visión de un país con menor inmigración. A pesar de sus declaraciones sobre su apoyo a la «inmigración legal», las nuevas medidas recortarían significativamente las opciones de quienes desean ingresar legalmente a EE.UU.
La orden ejecutiva firmada por Trump establece que, dentro de un plazo de 30 días, todas las agencias federales deberán implementar un proceso obligatorio para confirmar el estatus migratorio de los padres antes de emitir documentos oficiales, como pasaportes, para sus hijos. Esto significa que, a partir de esa fecha, se llevará a cabo una verificación más exhaustiva del estatus legal de los padres antes de la entrega de ciertos documentos gubernamentales.
