Dos exjueces de Ecuador fueron condenados a prisión por su participación en una red de delincuencia organizada. La sentencia fue dictada después de que los acusados admitieran haber recibido dinero a cambio de emitir sentencias que favorecieran y liberaran a miembros de bandas criminales, en el marco del caso conocido como «Plaga». Este escándalo es parte de una serie de tramas de corrupción judicial que han revelado la grave infiltración del crimen organizado en el sistema judicial ecuatoriano, así como en otras instituciones del Estado.
El caso Plaga ha sido uno de los más impactantes en términos de corrupción dentro de las autoridades judiciales, destacando cómo algunos jueces y funcionarios abusaron de su poder para facilitar la libertad de criminales peligrosos a cambio de sobornos. En este contexto, los acusados fueron procesados bajo un procedimiento abreviado, lo que les permitió recibir una pena reducida al aceptar su culpabilidad por los delitos que se les imputaban.
Uno de los exjueces, Jorge Eduardo A. Z., quien desempeñaba funciones como juez de Garantías Penales en Santo Domingo de los Tsáchilas, fue sentenciado a 3 años y nueve meses de prisión. La sentencia se basó en su reconocimiento de haber recibido pagos ilegales para liberar a tres sicarios vinculados a Fabricio Colón Pico, líder de la organización criminal «Los Lobos». Este grupo, conocido por su vinculación con secuestros y otros delitos violentos, ha sido una de las principales amenazas a la seguridad en la región. Colón Pico también fue condenado por secuestro y por amenazar a la fiscal general, Diana Salazar, quien ha sido una de las principales impulsoras de las investigaciones sobre el crimen organizado en Ecuador.
Las condenas a los exjueces reflejan el esfuerzo del sistema judicial por desmantelar redes de corrupción, aunque el caso «Plaga» sigue siendo un claro ejemplo de la profunda infiltración del crimen en varias esferas del poder estatal en el país. Las autoridades ecuatorianas continúan trabajando en desarticular estas estructuras de corrupción que afectan tanto a la administración de justicia como a la seguridad pública.
