Dirigentes barriales cuestionaron la violencia en zonas populares y la falta de respuestas efectivas del Estado.
En los exteriores de la Corte de Justicia del Guayas se desarrolló este jueves un plantón convocado por representantes de barrios del sur de Guayaquil, quienes reclamaron acciones urgentes frente a la inseguridad y cuestionaron el tratamiento judicial de casos que, según denunciaron, permanecen sin avances significativos.
Milton Gudiño, dirigente de las comunidades barriales de Guayaquil, criticó el escenario de violencia que atraviesan los sectores populares y sostuvo que son las comunidades más pobres las que soportan las consecuencias más graves de la inseguridad.
Durante la jornada, los manifestantes también cuestionaron la actuación del Gobierno nacional en materia de seguridad. Desde el Ejecutivo se ha destacado el impacto a organizaciones criminales, con más de dos millones de operativos y la aprehensión de cabecillas; sin embargo, Gudiño aseguró que los barrios más violentos del país no han recibido respuestas efectivas.
Recordó además que, según el propio Municipio, competencias como seguridad, salud y educación corresponden al Estado.
“Somos los sectores populares los que ponemos los muertos y tenemos el derecho de reclamar”, afirmó.
Acciones legales y vigilancia ciudadana
En el plantón, el abogado Pedro Granja señaló que la inseguridad no puede abordarse únicamente mediante operativos policiales y cuestionó las cifras oficiales sobre intervenciones. Indicó que se inició una recolección de firmas como parte de acciones legales y de vigilancia ciudadana.
Asimismo, criticó la falta de planes de prevención de la violencia y de políticas sociales para enfrentar problemáticas como el consumo de drogas y el desempleo, factores que —según indicó— inciden directamente en el aumento de la criminalidad.
La movilización concluyó con el anuncio de que los colectivos barriales mantendrán procesos de organización y protesta. Gudiño explicó que uno de los objetivos es exigir celeridad en investigaciones, entre ellas las relacionadas con contratos de la administración estatal en el sector eléctrico, que —aseguró— representarían un perjuicio millonario para el Estado sin avances visibles, a diferencia de otros procesos que se tramitan con mayor rapidez. (I)
