Penas de hasta 30 años en delitos vinculados con la delincuencia organizada, como asesinato, sicariato, trata de personas y secuestro extorsivo, determinó el gobierno de Daniel Noboa en el proyecto de Ley para fortalecer la lucha contra el crimen organizado que envió a la Asamblea Nacional el lunes 13 de mayo tras el respaldo mayoritario de la población en el referéndum y consulta popular celebrado el pasado 21 de abril.
El Legislativo aún no define el procedimiento que aplicará para el trámite de los cinco proyectos de ley remitidos por el Ejecutivo y que recogen las preguntas y anexos de aquellas preguntas que fueron aprobadas por la ciudadanía. El presidente del Parlamento, Henry Kronfle, dijo que la calificación de los proyectos será inmediata a nivel del Consejo de Administración Legislativa (CAL), y será ese organismo quien defina el procedimiento a seguir tomando en cuenta que si bien es un trámite ordinario, lo resuelto en las urnas tiene como plazo máximo 60 días.
La aprobación de la segunda pregunta, casillero G, del apartado del plebiscito convocado por el gobierno de Noboa, supone el incremento de las penas para diez delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
