Al menos una docena de entidades del Estado ha resultado inmiscuida en el conflicto entre el presidente Daniel Noboa y su vicepresidenta, Verónica Abad. Un conflicto que se inició por cuestiones de índole personal y que ha trascendido al campo político y hasta jurídico.
El distanciamiento de los ahora mandatarios se hizo evidente desde que, como binomio de la alianza Acción Democrática Nacional (ADN), pasaron a la segunda vuelta en los comicios anticipados del 2023: él la mandó de gira al exterior para hacer campaña con los migrantes y regresó apenas unos días antes de las votaciones del 8 de octubre. Y se acentuó ya en el poder, cuando el mismo día de la posesión ella no asistió al almuerzo en Carondelet, pero se dejó ver en un mercado de la Capital. Luego Noboa la envió otra vez lejos como “embajadora de paz” a un país que vive en guerra desde hace décadas: Israel.
Del origen de esa pugna personal no se conocían mayores detalles, pero en una entrevista exclusiva con EL UNIVERSO, el secretario de la Administración Pública, Arturo Félix, contó el pasado viernes 14 de junio que varios empresarios denunciaron que ella les había pedido dinero tomándose el nombre de Noboa y su equipo de campaña. Algo que, enfatizó, nunca ha ocurrido ni ocurrirá.
Ello hizo que perdiera la confianza del mandatario, quien ahora quiere evitar a toda costa que Abad lo reemplace en el cargo cuando tenga que pedir licencia sin sueldo para la campaña de reelección, prevista para enero del 2025, tal como lo dispone la Constitución. Con ese fin hay varios frentes abiertos.
Así, en orden de aparición, la cuenta empieza con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que implementó la designación de Abad como embajadora de Israel; luego está el Ministerio del Trabajo, al que Noboa le dispuso realizar un proceso de reestructuración de la Vicepresidencia de la República para achicarla.
