El juicio del caso Purga se instaló el miércoles 5 de febrero en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), donde el abogado Diego Chimbo, defensor del exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes, inició su alegato asegurando que todo el proceso es una mentira y que la Fiscalía sustenta su acusación únicamente en el testimonio de Mayra Salazar, quien, según él, está mintiendo.
La Fiscalía sostiene que Muentes fue uno de los cuatro líderes de una red delictiva que manipulaba el sistema judicial en Guayas para obtener sentencias favorables, dinero e impunidad. Junto a él, estarían involucrados la expresidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo, el exjuez Johann Marfetán y la exdirectora provincial del Consejo de la Judicatura, Mercedes Villarreal, quien actualmente está prófuga.
Durante su intervención, Chimbo afirmó que demostrará que Salazar no conocía a Muentes ni a los jueces Reinaldo C. y Johann Marfetán en el período en cuestión. También señaló que el abogado del Banco del Pacífico, Francisco Fierro, visitó la cárcel en varias ocasiones antes de que Salazar diera su testimonio.

Mayra Salazar, excomunicadora de la Corte del Guayas, recibió una pena reducida de 15 meses en el caso Metástasis tras acogerse al procedimiento abreviado y colaborar con la Fiscalía. Información extraída de su celular fue clave para abrir la investigación del caso Purga, donde también rindió testimonio anticipado.
El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, presentó 561 elementos de convicción contra los acusados y logró que 19 personas sean llamadas a juicio: cuatro como líderes y quince como cómplices. Seis de ellos están prófugos, por lo que su proceso queda suspendido hasta su captura.

Chimbo también aseguró que no hay pruebas de que el juez Ulises Torres haya sido presionado para fallar a favor de Muentes ni de que los acusados hayan beneficiado a Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de Los Choneros.
Finalmente, el abogado de Muentes insistió en que la casa de su cliente no era un centro de reuniones de la red delictiva y que las bitácoras presentadas por la Fiscalía no coinciden con los hechos investigados, como el juicio del habeas data del Banco del Pacífico, la falsificación de documentos ni el tráfico de tierras.