El Ministerio Público aseguró haber probado detenciones ilegales y torturas cometidas en 1985 contra tres integrantes del desaparecido grupo AVC.
Tras once días de audiencia de juzgamiento, la Fiscalía General del Estado solicitó al Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que imponga penas máximas de cinco y seis años de prisión, más agravantes, contra seis procesados por un presunto delito de lesa humanidad relacionado con el caso Vaca-Cajas-Jarrín, integrantes del desaparecido grupo Alfaro Vive Carajo (AVC).
En su alegato de cierre, el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, pidió seis años de cárcel para cinco exmiembros de los organismos de seguridad del Estado, procesados como autores mediatos de la detención ilegal y tortura de Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín. Para el sexto procesado, acusado como autor directo, la Fiscalía solicitó la pena máxima de cinco años de prisión.
El tribunal está conformado por los jueces nacionales Javier de la Cadena (ponente), Manuel Cabrera y Katty Muñoz.
Durante siete días de exposición, la Fiscalía presentó 38 testimonios, entre testigos y peritos, y 27 pruebas documentales, con las que sostuvo que existió una actuación coordinada de estructuras estatales, incluyendo cadena de mando, inteligencia, custodia, interrogatorios, apoyo médico y operativo, en contra de personas consideradas como “enemigos internos”.
Alarcón afirmó que quedó demostrado que las víctimas fueron detenidas de forma ilegal y arbitraria, sin orden judicial, y trasladadas a instalaciones clandestinas, donde sufrieron confinamiento, plagio, torturas físicas y psicológicas, violencia sexual y atentados contra el pudor. Por el contexto histórico y la forma de ejecución, estas conductas —dijo— configuran crímenes de lesa humanidad.
Las penas solicitadas
La Fiscalía pidió la pena máxima de seis años de prisión para el exministro de Defensa Luis Eduardo P.; Manuel Marcelo D., exdirector de Inteligencia del Ejército; Juan Raúl V. y Mario Ricardo A., excomandantes del Agrupamiento Escuela de Inteligencia Militar (AEIM); y Nelson Bolívar E., exjefe de la Unidad de Contrainteligencia Quito (CIQ).
Para Fernando R., médico del AEIM entre 1984 y 1987, solicitó cinco años de cárcel como autor directo del delito de tortura, también calificado como crimen de lesa humanidad. La Fiscalía aclaró que las sanciones corresponden al Código Penal de 1971, vigente al momento de los hechos.
Reparación a las víctimas
El Ministerio Público recordó la vigencia de la Ley para la Reparación de las Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos y solicitó una compensación económica por daño emergente y lucro cesante, calculada con base en el salario básico unificado y la expectativa de vida de las víctimas.
Asimismo, pidió que se declare la responsabilidad solidaria del Estado, la publicación de la sentencia, un acto público de reconocimiento y disculpas oficiales, y garantías de no repetición, que incluyan capacitación permanente a las Fuerzas Armadas y mecanismos de seguimiento a las medidas de reparación.
Finalmente, el fiscal Alarcón sostuvo que se probó que la madrugada del 11 de noviembre de 1985 las víctimas fueron trasladadas al AEIM, en Conocoto, donde permanecieron bajo custodia militar durante 17 días, sometidas a interrogatorios violentos y torturas. Luis Vaca, agregó, permaneció desaparecido por cerca de dos años.
Tras los alegatos finales de la Fiscalía y de las defensas, se prevé que el Tribunal suspenda la diligencia, delibere y convoque a una nueva fecha para la lectura de la resolución oral. (I)
